Sabemos que las instituciones jurídicas por sí mismas no son suficientes para promover el cambio social que requiere Colombia. Por esa razón nuestro trabajo se encuentra enmarcado en lo que se ha dado en llamar litigio estratégico, de alto impacto o estructural. Este tipo de ejercicio del derecho se distingue del tradicional en tanto que busca producir cambios en la estructura social, económica, política, jurídica y/o cultural, haciendo uso para tal fin de herramientas e instituciones judiciales y semijudiciales. Pero además el litigio estratégico utiliza otras herramientas y líneas de acción que se mezclan con las de tipo jurídico.
En nuestro caso, si bien tiene gran importancia en general, lo jurídico es tan solo una posibilidad más dentro de otros escenarios de acción que le acompañan. Cada acción jurídica se promueve con atención a una rigurosa investigación interdisciplinar que le antecede. Esta investigación tiene como propósito realizar un acercamiento a la compleja realidad social desde diversas perspectivas, con miras a identificar los problemas sociales que le subyacen. Poner de presente de la manera más clara posible y desde el diálogo entre distintas disciplinas el problema, sus causas y sus consecuencias, nos permite planificar las acciones jurídico-políticas y formativas que más puedan contribuir a la solución del mismo.
El resultado de cada investigación nos conduce a acciones que aportan a ese propósito tales como: proponer una política pública; iniciar una acción judicial; generar procesos de formación populares, comunitarios y alternativos; incidir en instancias de decisión legislativa; promover el diálogo público en redes sociales, universidades, medios de comunicación tradicionales, alternativos, independientes y populares; convocar y acompañar procesos de movilización, entre un largo etcétera. Estas acciones pueden resultar adecuadas tanto de manera individual como conjunta, lo cual depende de cada situación en concreto. Por todo lo mencionado, nos organizamos en áreas temáticas sobre distintas vulneraciones a los derechos humanos. Estas áreas ponen en marcha las diversas líneas de acción (investigación, formación, litigio y más) siguiendo la ruta: investigación-acción-evaluación.
Como puede verse, nuestro trabajo como corporación se lleva a cabo en dos terrenos: el estatal y el popular/comunitario. Comprendemos que es de suma importancia que la sociedad civil democrática se tomé las instituciones estatales de todos los niveles (internacional, nacional, departamental y municipal), en las cuales se discute y decide sobre las políticas públicas, para que así su voz sea efectivamente escuchada y pueda tomar parte en esas determinaciones. Sin embargo, sabemos que paralelamente es necesario apoyar, promover y profundizar las formas de participación y decisión comunitarias, barriales, comunales, asamblearias y populares que aglutinan a diversos sectores sociales y que permiten el desarrollo autónomo, local y participativo de comunidades campesinas, afro e indígenas, por ejemplo. Reconocer las bondades y los límites de ambos espacios nos permite apostar por un empoderamiento de la sociedad civil en su conjunto que fortalezca el Estado social y a los sectores históricamente excluidos.
Precisamente por la insuficiencia de los instrumentos judiciales (y en general de los instrumentos sociales considerados separadamente) para solventar problemas como la discriminación, la pobreza, la violencia común y sociopolítica, el acceso al Estado social y la cultura, etc., hablamos de contribuir y/o apostar a la solución de esos problemas y no de solucionarlos. Aunque entendemos que no basta con nuestra labor, buscamos apoyar e impulsar desde nuestro campo la anhelada transformación social que requiere el país. De ahí que nos declaremos como sentipensantes y pongamos toda nuestra capacidad al servicio de los sectores sin parte en el reparto social.
