Cristian Camilo Prieto Ducuara El Neoliberalismo y expansión del capitalismo en la economía extractivista colombiana
“[…] Para aumentar sus ganancias, los capitalistas no sólo recurren a la reducción de costos de producción o al aumento de precios de venta de las mercancías. Esto es cierto, pero incompleto. Hay cuando menos tres formas más: una es el aumento de la productividad; otra es la producción de nuevas mercancías; una más es la apertura de nuevos mercados. […] La producción de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados se consiguen ahora con la conquista y reconquista de territorios y espacios sociales que antes no tenían interés para el capital. Conocimientos ancestrales y códigos genéticos, además de recursos naturales como el agua, los bosques y el aire son ahora mercancías con mercados abiertos o por crear. Quienes se encuentran en los espacios y territorios con estas y otras mercancías, son, quiéranlo o no, enemigos del capital”. Subcomandante Insurgente Marcos (2007).
Una observación detenida al plano económico de estas primeras décadas del siglo XXI revela la existencia de una intensa y poderosa amenaza que se cierne sobre las diferentes dimensiones de la vida en el planeta. Aunque sus alcances son mundiales, para afrontarla es imprescindible caracterizar sus expresiones locales y las manifestaciones que adquiere en cada escenario considerado particularmente, ello es así, porque un cuestionamiento global no parece posible ni sostenible sin la energía y participación de esa multiplicidad de localismos afectados, pero también porque su alcance es mundial, mas no homogéneo.
Pero detengámonos en la amenaza, ¿de qué se trata?, ante todo, del modelo económico capitalista cuya racionalidad o fundamento prevalente es la iniciativa privada en la producción, circulación, comercialización y consumo masivos de bienes y servicios, incluso aquellos que se encuentran fuera de la órbita de las necesidades básicas para la vida humana, dirigida a sostener y reproducir la riqueza. Al espacio social en el que tienen lugar esas actividades económicas se denominará mercado y, hasta ahora, el capitalismo ha empleado una construcción discursiva en torno a la libertad como herramienta ideológica y técnica para pelear por su hegemonía mundial.
A dicho modelo económico le es inherente un régimen de apropiación privada y excluyente del entorno, acompañado por un sistema de propiedad pública subordinado y funcional al anterior; así mismo, descansa de forma simultánea y complementaria sobre un régimen de trabajo asalariado (constituido por grupos sociales que contribuyen a la realización del modelo no solo a partir de la ejecución de sus actividades laborales sino también desde la capacidad adquisitiva y de consumo que adquieren) y sobre diferentes prácticas de explotación y violencia laboral que sufren grandes cantidades de personas y grupos vulnerables. Uno y otro régimen de trabajo significan la desaparición de múltiples sistemas de trabajo y apropiación territorial.
La amenaza también implica la hegemonía que ese modelo económico tiene en el mundo contemporáneo y la manera en que ha instalado en los sistemas políticos una modalidad específica de administración de lo público y sus diferentes relaciones con el mercado. En ese sentido, asistimos a una nueva construcción discursiva en torno a las relaciones del mercado con los demás campos sociales, especialmente con los campos político y jurídico. Como se indicó con anterioridad, la construcción discursiva en que funda el capitalismo su hegemonía tiene en la libertad uno de sus ejes, esa construcción discursiva puede denominarse neoliberalismo.
Bajo el neoliberalismo, los planos público y privado de lo social se dirigen de forma activa a fomentar, activar, producir y reproducir el mercado capitalista. Posicionar como objeto de relevancia pública el mercado, instituirlo como espacio en el que tienen lugar fines y funciones sociales, produce, al menos, un efecto que atraviesa cualquier discusión en torno a la democracia y al Estado en la actualidad. Ese efecto consiste en que se justificará la intervención política sobre el mercado, pero bajo un nuevo criterio: se trata de gobernar para el mercado. Al respecto, Michel Foucault, puede ser esclarecedor:
El gobierno debe acompañar de un extremo a otro una economía de mercado. Ésta no le sustrae nada. Al contrario, señala, constituye el índice general sobre el cual es preciso poner la regla que va a definir todas las acciones gubernamentales. Es preciso gobernar para el mercado y no gobernar a causa del mercado. (Foucault, 2007, p.154)
Lo anterior, implica que la política toma decidido partido a favor del mercado y de todos los mecanismos que le permiten existir. Se trata de configurar la realidad a la medida del mercado, asegurando, por ejemplo, que la libre concurrencia de los actores económicos tenga eficacia y realidad, que la rentabilidad y la ganancia sean aseguradas por el Estado a través de la seguridad jurídica y la administración de justicia, además de la seguridad y la infraestructura. Es necesario advertirlo categóricamente, más que “reducirse”, el Estado debe refinarse, para que la economía y los procesos de producción, consumo, acumulación, circulación, liberación de mercados, entre otros aspectos que definen al capitalismo, se materialicen.
Es necesario insistir en la idea: el paso definitivo que el neoliberalismo significa para el desarrollo del capitalismo consiste en que el mercado se posiciona como un escenario cuya construcción y protección involucra a los Estados y Gobiernos, ya no únicamente como actores neutrales y ajenos a él, favoreciendo el principio liberal de desregulación, sino también como protagonistas en la definición y apertura de nuevos mercados, en la expansión de los ámbitos en que tienen lugar. Al respecto puede ser ilustrativa la siguiente cita de uno de los representantes de esa corriente económica:
“El principio fundamental, según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debemos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción, permite una infinita variedad de aplicaciones. En particular hay una diferencia completa entre crear deliberadamente un sistema dentro del cual la competencia opere de la manera más beneficiosa posible y aceptar pasivamente las instituciones tal como son. Probablemente, nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio del laissez-faire” (Hayek, 1995, p. 45).
Se deduce de la idea de Hayek que la insistencia irreflexiva de algunos liberales en el principio del laissez faire impide que se planteen críticas y transformaciones al sistema político en el que tiene lugar el desenvolvimiento económico del mercado y de la iniciativa privada, transformaciones que se requieren y se hacen indispensables sobre todo cuando la iniciativa privada se ve limitada o no encuentra estímulo para incorporar a la lógica del mercado determinados espacios sociales o naturales. En esos eventos, es al campo político al que compete adoptar las medidas para expandir esa lógica, empleando la fuerza o cualquier otra herramienta institucional a su alcance.
Así mismo, a partir de las diferentes funciones y fines sociales de alcance general con que se vincula el mercado en el ámbito de la nueva construcción discursiva del neoliberalismo, el capitalismo encuentra una nueva justificación para alterar y determinar el sentido de las diferentes dimensiones de la vida social, sobre todo los territorios, en función de su racionalidad.
En el contexto colombiano, el capitalismo neoliberal despliega su fuerza, entre otras maneras, a partir del diseño y ejecución de planes de desarrollo de orden nacional. Para efectos de delimitación, es necesario concentrarse en el plan nacional de desarrollo denominado “prosperidad para todos”, el cual tuvo vigencia entre los años 2011 y 2014. Su pertinencia, además de su cercanía temporal con la fecha en que se elabora este escrito, radica en que representa una apuesta decidida en la ejecución de la economía extractivista en el país, es decir, se trata de una apuesta por la expansión del mercado capitalista hacia los bienes que hacen parte del sector que podría denominarse extractivista.
De acuerdo con los planteamientos de Ávila Urrego y Montenegro Almeida, se entenderán como extractivistas, entre otras, las siguientes actividades: “la gran y mediana minería, los hidrocarburos convencionales y no convencionales como el fracking, las centrales hidroeléctricas, los monocultivos agroindustriales y de transgénicos y las mega-infraestructuras” (2018, p. 19).
En dicho plan de desarrollo se acude al eufemismo de la “prosperidad pública” y de las “locomotoras de crecimiento”, para enmascarar esa apuesta por expandir la racionalidad de la economía extractivista como un objetivo social de alcance general. Así mismo, ese plan nacional de desarrollo instituye como eje de la actividad política la búsqueda de crecimiento económico a partir del fortalecimiento de cinco sectores económicos de gran escala. Entre ellos, varios catalogados como extractivistas en los términos anteriormente señalados. Esto debe comprenderse como una nueva manera de vincular a la lógica del mercado los territorios en los que se encuentran los bienes y recursos humanos y naturales, así:
“En definitiva, el propósito es implementar políticas para aumentar la competitividad de la economía y la productividad de las empresas, en especial en aquellos sectores con alto potencial de impulsar el crecimiento económico del país en los próximos años. En este sentido, se han definido cinco “locomotoras de crecimiento” que son: nuevos sectores basados en la innovación, el sector agropecuario, la vivienda, la infraestructura y el sector minero-energético.” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 51)
A dicho plan de desarrollo le subyace la concepción ideológica según la cual el fortalecimiento de la productividad y de los índices de riqueza implica la posibilidad de superar problemas sociales de diferente índole como la pobreza y el desempleo, o la nula o deficiente prestación de servicios públicos básicos como la educación, la salud, el agua potable y la vivienda para amplios sectores de la población, por esa razón, varios de los sectores identificados con el potencial para impulsar el crecimiento económicos son declarados de utilidad pública e interés general, lo que significa que adquieren prevalencia o rango equivalente respecto de otros intereses sociales de interés general o comunitarios de carácter minoritario, propios de grupos que históricamente han sido violentados y negados. Es así como el extractivismo provoca e intensifica diferentes conflictos en torno a la apropiación y el significado de los espacios en que tiene lugar la vida social.
El territorio como escenario “local” de producción de diferencia
En línea con lo señalado por Arturo Escobar (2010), desde el inicio de la segunda mitad del siglo XX, parte del movimiento popular y campesino latinoamericano ha tratado de reivindicar el derecho a la tierra en el marco de su lucha. Ahora bien, la emergencia de nuevos actores y realidades sociales en el campo de confrontación política ha significado también la incorporación de nuevos elementos de disputa, entre ellos, cabe resaltar el territorio, concepto que recoge y amplía el horizonte de posibilidades para la lucha en contra del extractivismo antes descrito y, por lo mismo, para la transformación social de las problemáticas que aquejan a las comunidades que los habitan.
¿Qué se entiende por territorio? Sea lo primero advertir que no se trata de un concepto definido con precisión en cada uno de sus contornos, ello se explicaría porque en torno a su determinación existe una tensión o un conflicto de orden político y cultural. En efecto, podría señalarse que territorio es la conjunción entre la vida humana y la vida natural en un determinado lugar, pero esta definición sería incompleta en la medida en que desconoce que la vida humana se manifiesta a través de múltiples y antagónicas maneras, por lo cual nunca captaría la variedad de posibilidades que tiene el concepto. Dicho en otras palabras, puesto que existen múltiples expresiones humanas en los espacios que habitan, es posible afirmar también que existen múltiples formas de configurar un territorio.
En todo caso, es necesario reconocer que para elaborar el concepto de territorio es indispensable recoger una amplia cantidad de variables sociales, antropológicas y culturales, así como elementos naturales y condiciones “objetivas” de existencia. Aceptada esa premisa, es posible sostener que al enunciar territorio se está hablando del lugar en el que se presentan múltiples y complejos procesos de interacción humana y natural, en el que se expresa de forma clara la interdependencia que condiciona la vida de todas las especies de la tierra y en el que es posible identificar los rasgos de las culturas.
Llegados a este punto, es posible observar que el extractivismo implica una manera específica de construcción territorial, que a su vez implica la negación de otras, por lo cual no es la única posible y mantiene una relación de antagonismo con formas locales de construcción de territorialidades, esas formas locales que en el contexto colombiano encarnan los valores de los pueblos originarios que expresan lo que Orlando Fals Borda denomina “socialismo raizal” (2008). A continuación, se realiza una mención a cada uno de los pueblos originarios y a los valores asociados a cada uno de ellos por el sociólogo colombiano:
- Indígenas primarios: solidaridad.
- Negros de los palenques: libertad.
- Campesinos artesanos pobres antiseñoriales: dignidad.
- Colonos del interior agrícola: autonomía.
Estos pueblos originarios, que se niegan a desaparecer del mapa político y social del país, junto a los valores que han creado y hoy sostienen en su cotidianidad, en la medida en que han arraigado en la historia y en los territorios que habitan un signo de vida auténtica y digna, constituyen un renovado campo de alternativas ante esa amenaza que elevando a lo sublime las máscaras de la muerte, implica la aniquilación de la diversidad cultural y del entorno en que existen.
La relevancia que tienen los territorios y los derechos a la territorialidad desde la perspectiva de los valores de los pueblos originarios consiste en que en ellos se entrelazan diferentes bienes comunes, también protegidos constitucionalmente, como la soberanía y seguridad alimentarias, al ambiente sano, el agua, la tierra, la diferencia étnica y cultural, la autonomía y autodeterminación, entre otros, en virtud de los cuales es posible articular diferentes proyectos sociales y políticos que tienen lugar en el país y en el continente.
La lucha de los valores de los pueblos originarios, en el plano de los movimientos sociales y en el ámbito de los partidos políticos alternativos de Colombia, ha permitido posicionar sus particulares formas de construir territorio en el marco constitucional, legal y jurisprudencial del país, tratando de expandir a su favor algunos derechos, valores y principios, pero también cuestionando los presupuestos ontológicos que hacen parte del orden nacional que rige.
En todo este contexto, Sentipensar toma partido a favor de los delicados ecosistemas y tejidos sociales del país, que resultan amenazados por la racionalidad capitalista del mercado, representada en los planes de desarrollo expedidos por los últimos gobiernos, tratando de defender, desde el ámbito del derecho constitucional, los valores de los pueblos originarios y los derechos involucrados en el amplio concepto de territorio.
Referencias
- Ávila Urrego, L. & Montenegro Almeida, L. (2018) “Autonomía y participación efectiva de las comunidades en procesos de consultas populares”, en; La Corte Ambiental Expresiones ciudadanas sobre los avances constitucionales: Fundación Heinrich Böll.
- Departamento Nacional de Planeación. (2011). Bases del Plan Nacional De 2010 – 2014. Recuperado de Plan Nacional De 2010 – 2014: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx.
- Fals, O. (2008). El Socialismo Raizal y la Gran Colombia Bolivariana. Caracas, El Perro y la Rana
- Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el College de France:1978-1979. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
- Hayek, F. (1995). Camino de servidumbre. Madrid: Alianza editorial.
- Subcomandante Insurgente Marcos (2007). Ni el centro, ni la periferia. Ciudad de México: Rebeldía, recuperado de https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/taller/marcos_301207.pdf
